[Marxism] Illegal landholding British firm swept by peasants, Chávez

["Nestor Gorojovsky" <nestorgoro@xxxxxxxxxxxxxxx>]

[Sorry can't translate.  This is in Spanish, and truly a "bocatto di 
cardinale".

a) The story about the Agroflora ranch, on land illegally "acquired" 
by Vestey, a British firm, is in itself, er, sobering:  peasants take 
the place, after them the revolutionary government enforces land 
reform.

b) The piece of news comes from one of the most reactionary and pro-
British imperialism newspapers in Latin América, the murderous and 
poisonous _El Mercurio_ of Santiago de Chile (anyone wants to know 
what did _El Mercurio_ do under Allende and Pinochet?)

c) Thus, the article is full with reconventions from anti-Chávez 
"analysts", who are all the time on the verge of poisoning themselves 
if they bite their own tongues.

d) If some charitable soul translates this into English, it will be a 
wonderful service to human kind.

Here it goes, enjoy it!]

<La reforma agraria venezolana interviene predio "propiedad" de una 
firma inglesa.

¿Será verdad tanta belleza, por el amor del cielo?

Que esta noticia la tengamos a través de _El Mercurio_ de Santiago de 
Chile es, no me digan que no, un placer sibarítico.  Dice el amigo 
Bob Weiss, a cuya gentileza la debemos, que el artículo está mal 
balanceado.  Es que _El Mercurio_, en estos casos, pierde toda su 
compostura y su siutiquería...>

------- Forwarded message follows -------

Subject:                Articulo mal balanceado
Date sent:              Sat, 8 Jan 2005 10:53:53 -0400

El Mercurio - Santiago de Chile, sábado 8 de enero de 2005,
actualizado a las 7:01 hrs.


Sábado 8 de enero de 2005 

Reforma agraria en Venezuela: 
Chávez arremete contra los latifundios 

GASPAR RAMÍREZ 

Las intenciones del Gobierno de volver productivas vastas extensiones
de terrenos "ociosos", chocaría con un gran obstáculo: la escasa mano
de obra disponible en el campo venezolano. 
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GASPAR RAMÍREZ

Van corridos sólo ocho días de este nuevo año, y la siempre noticiosa
Venezuela ya está convulsionada por los polémicos anuncios de sus
gobernantes.

Un predio de 12.900 hectáreas, propiedad de una firma británica, se
convertirá hoy en el primer territorio perteneciente a una empresa
extranjera intervenida por el Gobierno, en la denominada "guerra
contra el latifundio", parte de la reforma agraria iniciada en
noviembre de 2001 por el Presidente Hugo Chávez, cuando aprobó por
decreto presidencial la llamada Ley de Tierras.

La idea del Gobierno es intervenir todos los predios agrícolas
"ociosos" o cuya propiedad no pueda establecerse legalmente, que 
estén subexplotando su potencial, entregarlos a familias campesinas, 
y volverlos productivos. Un millón de hectáreas cabría en esta
definición, según estimaciones estatales.

Venezuela importa el 60% de sus necesidades agrícolas, dependencia 
que se arrastra desde la época en que la economía se basó en la renta
petrolera. Entonces resultó mucho más conveniente importar los
alimentos que producirlos en el país.

La intrusión en la hacienda "El Charcote", propiedad de la empresa
ganadera Flora Agroflora, subsidiaria de la británica Vestey, y que
está ubicada en el estado de Cojedes (200 kilómetros al suroeste de
Caracas), fue ordenada en diciembre por Johnny Yáñez, gobernador 
local oficialista.

Ya a fines del mes pasado, el también oficialista gobernador del
estado de Monagas (noreste), José Briceño, intervino 50 mil hectáreas
pertenecientes a una empresa estatal y a otras privadas. Un decreto
similar fue promulgado en el estado de Yaracuy (noroeste).

Estas medidas regionales, lejos de ser aisladas, serán coordinadas a
nivel nacional. Así lo anunció el Presidente Chávez el jueves, al
señalar que emitirá este lunes un decreto para "reorganizar el uso de
la tierra agrícola", disposición que contempla la creación de un
organismo que elaborará un diagnóstico sobre el estado de las zonas
agrícolas.

Esta comisión tendrá la última palabra en cuanto a qué hacer con las
tierras que sean decretadas "improductivas".

Según la ley vigente, los propietarios deben demostrar ante el
Instituto Nacional de Tierras que usan eficientemente sus terrenos. 
Si no es así, la finca agrícola se coloca bajo observación y se pacta 
un programa productivo. Se espera que más de 40 mil fincas sean
inspeccionadas.

Medida precipitada

"El Estado venezolano no está en condiciones de explotar 
racionalmente el campo", señala Alfredo Ramos Jiménez, analista 
político.

Es una medida precipitada, explica, y en ningún caso se trata de una
reivindicación campesina. Además, es una incógnita quién va a 
trabajar el campo, ya que la población rural es minoritaria.

"Hace mucho tiempo que los habitantes del campo migraron a las
ciudades, y si bien no tienen muy buena calidad de vida allí, resulta
muy difícil explicar qué hará el Gobierno para llevarlos nuevamente 
al campo", añade el director del Centro de Investigación de Política
Comparada de la Universidad de Los Andes.

"Se entregará la tierra a campesinos que no tienen ninguna formación
en cuanto a la producción de la tierra, ni tampoco educación técnica,
lo que impide totalmente asegurar que estos territorios serán
productivos", indica Omar Noria, analista venezolano.

Y enfatiza su punto, agregando que la educación campesina no existe
como política de Estado. "Entregarles esta tierra a campesinos sin
preparación sólo va a agudizar la pobreza del campo y aumentará la
dependencia agrícola", añade Noria, profesor de Ciencias Políticas de
la Universidad Simón Bolívar.

"Es una medida para acentuar el carácter revolucionario,
reivindicativo del Estado, y apuntar a quienes el Gobierno llama, en
forma muy simple, la oligarquía", dice. Por lo demás, señala que es
muy poco efectiva en el corto y mediano plazo, y que tiene más que
nada un alto valor simbólico, en el sentido de que muestra al 
Gobierno defendiendo los intereses de los pobres contra los de los 
ricos.

Ramos Jiménez estima que, en este caso puntual, por tratarse de una
expropiación a una firma extranjera "indudablemente influirá en los
inversionistas foráneos", abriendo un nuevo flanco de conflictos para
el Gobierno.

"El Charcote, además de ser una estancia muy amplia, es una empresa
modernizadora", sostiene el politólogo, y no el típico latifundio
tradicional de explotación del campo a gran escala. "Por eso se
contrapone con los requisitos de Chávez para expropiar", agrega Ramos
Jiménez.


Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro@xxxxxxxxxxxxxxx

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"Sí, una sola debe ser la patria de los sudamericanos".
Simón Bolívar al gobierno secesionista y disgregador de 
Buenos Aires, 1822
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