AUT: Chiapas al Dia 172 E

[CIEPAC <ciepac@xxxxxxxxxxxxxx>]

BOLETIN "CHIAPAS AL DA" No. 172
CIEPAC; CHIAPAS, MXICO
(sbado 4 de septiembre de 1999)

S.O.S PARA MEXICO


La guerra en Chiapas toma hoy dimensiones cada vez ms crticas y,
particularmente, se agudiza en la Selva Lacandona desde los ltimos tres
meses (ver Boletines 168 a 171).

En nuestra hiptesis central, lo que est en juego, fundamentalmente, es la
implementacin de la globalizacin del neoliberalismo y su continuidad
despus del ao 2000. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y la Unin Europea, esperan
que el presidente Zedillo no desve la agenda del reajuste estructural de
Mxico: eliminacin de subsidios, privatizaciones, apertura comercial, pago
de la deuda externa, fortalecimiento de acuerdos bilaterales de libre
comercio con Amrica Latina, condiciones ptimas en trminos polticos,
sociales y de seguridad a las inversiones, entre otros elementos donde se
encuentra la solucin favorable al conflicto en Chiapas. Sin embargo,
paralelamente, el conflicto refleja internamente otro elemento poltico
fundamental: la hegemona del partido oficial que ha controlado el aparato
del estado por dcadas. La clase poltica que se niega a dejar el poder.
Esto es, el poder por el poder, ms all de los intereses trasnacionales de
las grandes potencias.

La agenda internacinal va avanzando: en 1994 entramos al Tratadop de Libre
Comercio con Amrica del Norter (TLC o NAFTA) y Mxico entra al exclusivo
club de la OCDE; en 1995 Mxico participa en la Comisin de la Democracia a
travs del Derechos, en el informe del Banco Europeo de Reconstruccin y
Desarrollo; en 1996 en los trabajos del Grupo ad hoc sobre la Corrupcin;
en 1998 se desempea como observador en los Comits de Asesores Legales en
Derechoss Internacional Pblico, Educacin Superior e Investigacin y
Cultura; a partir de marzo 1999 se suma al Grupo de Expertos sobre
Problemas del Crimen; ahora se est por ingresar como observador del
Consejo de Europa, junto con EEUU, Cand y Japn, cuyo inters para Mxico
es el de consolidar su compromiso con los valoress de la democracia los
derechos humanos y reforzar el proceso de profundas reformas que ha
impuslado en los aos recientes para afianzar su estado de derecho, segn
afirm la Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green. A todo ello
le tenemos que sumar los acuerdos comerciales de Mxico con el resto de
Amrica Latina.

Al conjuntar las dos tendencias (preocupacin por desviar el proyecto
econmico del pas y la prdida para el PRI del poder poltico), la
escalada de violencia se hace patente. Y en Chiapas tiene sus
particularidades que, desde sta ptica interpretamos as los ltimos
acontecimientos y la estrategia gubernamental.

Para algunos analistas, ni est en juego ni mucho menos en peligro el
proyecto econmico como problema de fondo, ni consideran que el PRI haya
perdido hegemona y mucho menos que pueda perder el poder en la presidencia
de la Repblica ni la gubernatura de Chiapas en el ao 2000. Para este
anlisis, la actitud tomada por el gobernador interino de Chiapas y por la
federacin, es simplemente una postura guerrerista y ganas de aplastar a
los indgenas, con una actitud muy torpe y sin que haya otras razones
econmicas, polticas y de contexto que expliquen su actuar, o
independientemente de lo que pase en el mundo. Sin embargo, consideramos
que el problema es ms profundo y complicado, que no podemos analizar los
hechos sin tomar en cuenta la situacin mundial actual y las coyunturas
polticas que agudizan las contradicciones.

Las tendencias nos parecen claras, entre otras:

1)  El partido oficial (PRI) va perdiendo consenso y simpata entre la
poblacin en Chiapas y, en general, a nivel nacional en los ltimos aos.
La oposicin va ganando terreno. Sin embargo, las nuevas campaas
publicitarias del partido oficial que hoy se comentan en todo el pas,
puede revertir en pocos meses lo que en aos ha costado a la oposicin.
2)  El PRI contina en una debacle y descomposicin que poco resiste a sus
pretendidas aperturas de democracia interna. No podemos descartar ms
magnicidios polticos.
3)  Las privatizaciones van en un proceso acelerado como apresurado el
crecimiento de la pobreza. De igual modo la eliminacin de todos los
subsidios y recursos para los programas de combate a la pobreza. De
aumentar, segn los datos oficiales, cada vez ms es gracias a los
prestamos del exterior que, paradjicamente, tiende a empobrecer a un pas
obligado a pagar su deuda externa.
4)  El poder adquisitivo va cayendo as como el empleo.
5)  El campo tiende a una crisis devastadora para la agricultura y para los
millones de campesinos e indgenas en el pas. La soberana alimentaria va
en decadencia y en mayor dependencia hacia los EEUU.
6)  La deuda externa sigue carcomiendo las entraas de la economa
mexicana, al tiempo en que la banca se encuentra empantanada en medio de
escandalosos fraudes que pone a un sistema financiero dbil sobre los
hombros ms dbiles de los cada vez ms millones de pobres que tienen que
salvar a la banca.
7)  El aumento de la militarizacin se va extendiendo en el pas y se
explica por el mayor nmero de efectivos militares y fuera de sus cuarteles
con mayores posiciones, por el mayor presupuesto pblico y su presencia en
la estuctura y aparato del estado as como su injerencia en los tres
niveles de gobierno. Ya no slo es Chiapas, sino Guerrero, Oaxaca, as como
estados del centro y norte de Mxico.
8)  Contina en ascenso la violencia y de la violacin a los derechos humanos.

Por tanto, al tiempo en que se agudiza la prdida de la soberana nacional,
la dependencia de Mxico frente al extranjero es grave: dependencia militar
hacia los Estados Unidos; dependencia alimentaria del vecino del norte;
dependencia para el combte a la pobreza, del presupuesto y de las polticas
sociales, hacia los prstamos del Banco Mundial; dependencia econmica de
un supuesto desarrollo que no se entiende sin la inversin extranjera
directa; etc.

El gobierno federal, por medio del gobernador interino y del Ejrcito,
mantiene, en nuestras hiptesis, los siguientes objetivos:

1)  Ganar las elecciones para gobernador del estado de Chiapas en el 2000 y
otorgarle el mayor votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
presidencia de la Repblica. Para ello es necesario evitar la alianza
opositora que derrote al partido oficial y que podra aglutinar no slo a
los partidos polticos sino a las organizaciones sociales.
2)  Impedir el avance del EZLN y aislarlo y aniquilarlo poltica, econmica
y militarmente.
3)  Impedir que la Dicesis de San Cristbal de Las Casas contine con su
lnea pastoral.
4)  Reducir el problema de Chiapas al nivel estatal y desvincularlo de la
dinmica nacional.
5)  Poner las condiciones o las bases para facilitar la inversin
extranjera directa en las ramas hidroelctrica, petrolera, de
agroexportacin, etc.
6)  Distraer la atencin sobre problemas fundamentales para la nacin,
tales como: la privatizacin de la energa elctrica, de ferrocarriles
(proceso terminado el 31 de agosto), del fraude sobre el Fondo Bancario de
Proteccin al Ahorro (FOBAPROA), adems de otros.

De los mecanismos que el gobernador interino Roberto Albores y el Ejrcito
implementan para lograr lo anterior podemos mencionar, entre otros:

1)  Lanza una campaa de linchamiento contra el senador independiente, ex
miembro de la Comisin de Concordia y Pacificacin (COCOPA), ex prista, y
ahora posible candidato de la alianza opositora en Chiapas para las
prximas elecciones. Para ello resucita el problema de Los Chimalapas,
territorio colindante con el vecino estado de Oaxaca, paga desplegados y
manipula la informacin para crear un ambiente adverso a su campaa
proselitista. Esta campaa no le funcion.
2)  Lograr que el obispo Ral Vera no llegue al obispado de San Cristbal
de Las Casas.
3)  Campaas publicitarias costossimas para el estado por televisin,
radio y prensa para generar una imagen positiva del gobernador interino y
sus obras sociales.
4)  Campaas para relacionar al movimiento de los huelguistas "ultra" de la
Universidad Autnoma de Mxico (UNAM) con el EZLN, y provocar un
linchamiento poltico y social tanto en la Ciudad de Mxico y en Chiapas a
ambos actores que ponen en jaque al gobierno. Del mismo modo pretende
impedir la relacin del EZLN con otras movilizaciones nacionales en contra
del proyecto neoliberal y de las privatizaciones.
5)  Campaa xenofbica no slo contra extranjeros, sino contra mexicanos no
chiapanecos, logrando que el presidente municipal de San Cristbal de Las
Casas y los autodenominados "autnticos coletos" de esta ciudad, as como
pristas de las comunidades, envalentonados, reaccionen generando un
ambiente de violencia, divisin y hostilidad con total impunidad. Por su
lado, las autoridades migratorias agudizan la persecusin contra
extranjeros en la ciudad de San Cristbal de Las Casas.
6)  Provoca el enfrentamiento entre zapatistas y pristas va los
municipios alboristas contrainsurgentes. El gobernador interino espera
haber formado ms de 20 nuevos municipios antes de terminar el ao. Adems,
no slo prioriza los enmarcados en su propuesta original, sino de aquellas
comunidades pristas que desean sumarse a la remunicipalizacin y que
ofrecen un buen escenario para contrarrestar la fuerza de los municipios
autnomos zapatistas. En estos nuevos municipios se insertan ahora
campamentos policiacos y militares, ofrecindoles una trinchera legal desde
dnde operar. Ahora, el gobernador interino promueve la Fundacin Social
para Chiapas compuesta por empresarios que se suman a la contrainsurgencia,
y que una de sus primeras tareas ser la de reunir 20 millones de pesos
para los 7 nuevos municipios que empiezan, con autoridades ilegalmente
impuestas, sin recursos y sin instalaciones donde despachar.
7)  El gobernador interino promueve signos que parecieran aislarse de la
federacin y asumir las responsabilidades por su cuenta para ser el
interlocutor directo con el EZLN, no con el presidente Ernesto Zedillo. Al
mismo tiempo pide un dilogo directo con el EZLN y propone una COCOPA estatal.
8)  Promueve y apoya las campaas del precandidato oficial del PRI a la
presidencia de la Repblica, Francisco Labastida Ochoa, ex secretario de
Gobernacin, y quien fuera responsable de implementar la poltica para
Chiapas y contra el EZLN y las comunidades indgenas desde enero de 1998.
9)  El Ejrcito Mexicano, crea una infraestructura contrainsurgente
necesaria. En Ocosingo ha llevado a cabo caminos y carreteras alrededor de
la zona de conflicto, como lo ha sido tambin en las zonas Norte y Altos.
El problema de Amador Hernndez es una explosin de este proceso. Por su
parte, el gobernador interino pretende aparentar que manda sobre el
Ejrcito federal y que tiene independencia sobre el presidente de la
Repblica e impone un discurso del "desarrollo", pero militarizado. A su
vez, el Ejrcito, que en otras ocasiones es el que lleva a cabo la
construccin de las mismas carreteras, en el caso de Amador Hernndez pone
por delante a una constructora civil para justificar as la necesidad de la
seguridad de sus trabajadores. En otros casos, los paramilitares, los
pristas o la polica van por delante. No hay que olvidar tambin que la
comunidad de Amador Hernndez forma parte de un municipio autnomo
zapatista e igualmente es donde el gobernador interino propone una
remunicipalizacin contrainsurgente. Nuevamente, la disputa por el control
poltico y militar de regiones estratgicas.
10)  El Ejrcito Mexicano logr nuevas posiciones militares, campamentos,
retenes y cuarteles de los cuales no pretende echar marcha atrs, como ha
sido el proceso desde la ofensiva de febrero de 1995. Se atrincher ya en
San Cayetano, municipio de El Bosque, en San jernimo Tulij, entre otros,
pese a la movilizacin masiva de indgenas y sociedad civil en contra. En
Chiapas existe una guerra, pero la provocacin al fuego abierto est
latente y los hechos de San Jos La Esperanza es una muestra de ello. El
cese al fuego ya ha sido roto por el Ejrcito federal en al menos dos
ocasiones: a) la masacre de El Bosque en junio de 1998 y, b) San Jos La
Esperanza en agosto de este ao, que tambin forma parte de un municipio
contraisurgente del gobernador interino. Sin embargo, el Ejrcito y el
Gobierno Federal negarn no slo ser responsables de los hechos, sino hasta
de la existencia misma de muertos y heridos.
11)  El Ejrcito Mexicano logra posiciones estratgicas en trminos
polticos, econmicos y militares utilizando tambin el pretexto de la
reforestacin de las miles de hectreas quemadas en 1998 y que, muchas
organizaciones y comunidades indgenas, lo sealaron como uno de los
principales causantes de las quemas forestales con fines contrainsurgentes.
Esto es, apostado en municipios alboristas contrainsuirgentes; en presas,
pozos petroleros y lugares de inversin; y en funcin de aumentar las
posibilidades de eliminar rpidamente al EZLN en caso necesario. Para el
aislamiento del EZLN, tambin los pristas apostados en las comunidades con
sus retenes, la polica y las autoridades migratorias, tienen  una funcin
primordial.
12)  La ofensiva jurdica y unilateral del gobernador interino se resume
en: Ley para el Desarme de los Grupoes Armados en Chiapas, Ley de Derechos
y Cultura Indgena, Ley de Reforestacin y la Ley de Remunicipalizacin.

Chiapas se caracteriza ahora por falta de legalidad y el "estado de derecho":

1)  Fue ilegal la instauracin del actual Congreso Local a finales de 1998
despus de las elecciones estatales, toda vez que el reparto de los curules
se realiz sin haberse efectuado elecciones en tres distritos. Los partidos
de oposicin lo denunciaron sin mayor xito.
2)  Son ilegales las acciones del Ejrcito Mexicano: solicitud de
pasaportes y documentacin, cateos sin justificacin, toma de predios y
terrenos ejidales, registro de vehculos y documentacin de transehntes,
detencin de indgenas en caminos, etc. Sus acciones van ms all que la
supesta aplicacin de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sus
avances en posiciones viola la ley del Dilogo para la Paz y la
Reconciliacin en Chiapas, los acuerdos de San Andrs, el Convenio 169 de
la OIT sobre Derechos Indgenas y Tribales, el II Protocolo de la
Convencin de Ginebra (no firmado por el gobierno de Mxico), la
Constitucin Poltica mexicana, etc., etc.
3)  Es unilateral la remunicipalizacin e ilegales sus procedimientos,
adems de violar los acuerdos de San Andrs.
4)  Son ilegales las recientes autoridades de los 7 consejos municipales
toda vez que su formacin no estn contemplados constitucionalmente.
5)  La falta de libertad de trnsito y el hostigamiento para inhibirla, en
las regiones Selva, Norte y Altos, viola la Constitucin Poltica.
6)  Son ilegales la formacin y proliferacin de grupos armados y
paramilitares, adems de la la participacin directa o indirecta de las
fuerzas policiacas y militares, como lo afirman las comunidades, testigos y
los mismos presos "ex militares" y "ex policas".
7)  La ley del desarme a los grupos paramilitares es impune y unilatearal.
8)  Es unilateral la ley estatal de Derechos y Cultura Indgena y viola los
acuerdos de San Andrs.
9)  Es unilateral la propuesta de una Comisin de Concordia y Pacificacin
(COCOPA) estatal, y viola los acuerdos de San Andrs y la ley para el
dilogo y la paz en Chiapas.
10)  Es ilegal el gobernador interino, toda vez que su eleccin no se apeg
a la Constitucin Poltica de Chiapas que en su artculo 35, fraccin IV
reza que para ser gobernador se requeire: "No tener empleo, cargo o
comisin de la Federacin o del Estado, y de ser as renunciar y estar
separado de ellos cuando menos noventa das antes de la eleccin". Roberto
Albores renunci unos das antes.
11)  Son ilegales las expulsiones de extranjeros.
12)  Son ilegales los apoyos econmicos del erarrio pblico a las campaas
polticas de los candidatos del PRI para las elecciones estatales de 1998,
por parte del gobernador Roberto Albores Guilln, segn las mismas
denuncias del Partido de Accin Nacional (PAN), como ilegales los apoyos al
precandidato oficial, Francisco Labastida Ochoa, durante su visita a
Chiapas en el mes de agosto, denuncia hecha por otro prista, Roberto Madrazo.
13)  Es ilegal la detencin y violencia contra los medios de comunicacin
como el caso de Cuxulj, donde policas, con la presencia de militares,
agreden a periodistas, los golpean, decomisan credencial y reciben amenazas.
14)  Con los desplazamientos de la poblacin generadas por el Ejrcito
Mexicano y los paramiltiares, son ilegales la impunidad, la privacin al
libre trnsito, a la libertad de culto, entre otras y violan los derechos
humanos a la educacin, la salud, la tierra, y los "Principios Rectores de
los "Principios Rectores de los Desplazamientos Internos" de la ONU
signadas por el gobierno mexicano.
15)  Son ilegales la privacin de la libertad de decenas de indgenas bases
de apoyo del EZLN presos hoy en Cerro Huaco y otras crceles de la entidad.
16)  Son ilegales los funcionamientos de muchos cabildos pristas, donde se
violan constantemente las leyes, normas y reglamentos municipales para
apoyar las polticas del gobierno estatal.
17)  Son provocadoras de la violencia, la intolerancia y las divisiones,
los discursos del gobernador interino que invita a la reaccin airada
contra extranjeros, contra el EZLN, contra la sociedad civil que no opina
igual, contra los universitarios, etc.
18)  Son ilegales y violan los elementales derechos humanos y las garantas
constitucionales las demandas penales del gobernador interino contra los
estudiantes, las exigencias del presidente municipal de San Cristbal para
expulsar a la actriz Ofelia Medina de Chiapas.
19)  Son ilegales los retenes del grupo paramilitar Paz y Justicia, as
como de los pristas en las comunidades de Ocosingo, acciones que fueron
rechazadas por el gobernador interino en su Acuerdo Estatal para la Paz y
la Reconciliacin en Chiapas de 1998 donde prometi aplicar la ley contra
la privacin del libre trnsito.
20)  Son ilegales e impunes las expulsiones de miles de Chamulas sin que el
gobierno haga nada.
21)  Son ilegales los retenes policiacos que pusiera la polica para
impedir el acceso de universitarios al estado de Chiapas, como los
hostigamientos en otros retenes carreteros ubicados en otros estados rumbo
al Distrito Federal.

En medio de este contexto y con estas acciones implementadas, se nos olvida
que:

1)  el grupo paramilitar Paz y Justicia, en la zona Norte, se encuentra
desde hace semanas en un proceso de descomposicin, divisin y
enfrentamientos internos, acusndo ellos mismos a sus diputados locales de
PRI y otros lderes del mal manejo de recursos pblicos, que podra
estallar en confrontaciones armadas en cualquier momento.
2)  el pre candidato del PRI a la presidencia de la Repblica, Roberto
Madrazo ha demandado justicia a su partido por la malversacin de fondos
pblicos que utilizara el gobernador interino al otro pre candidato
prista, Francisco Labastida Ochoa.
3)  el incremento de los grupos paramilitares en el estado.
4)  continan los vuelos rasantes, patrullajes, retenes y hostigamientos en
ms municipios de la entidad.
5)  en la desaparicin, presunta tortura y decapitacin de Jos Hidalgo
Prez, en San Cristbal de Las Casas, las autoridades han sealado como
presunto responsable a un ex militar, y que puede ser el inincio nuevamente
de una escalada de violencia contra miembros de la sociedad civil urbana.
Cabe sealar que en la ciudad de San Cristbal de Las Casas, la fisionoma
va cambiando, es ms comn en los ltimos meses ver a decenas de policas
apostados en las esquinas, con nuevos uniformess negros semejantes a la
polica judicial y estilo militar, al tiempo en que proliferan viviendas y
hospedajes para judiciales y militares.
6)  al interior del PRI se vive una confrontacin poltica muy fuerte entre
los pre candidatos que agudiza y plariza posturas al interior del partido
oficial, donde, al parecer, no lleva la delantera el candidato del
presidente Zedillo, Francisco Labastida, pese a la incorporacin de altos
ex funcionarios a sus equipos de campaa.

Las organizaciones campesinas (OCEZ-CNPA, OPEZ-BFP, ARIC-Independiente,
CIOAC, AEDEPCH, etc.), decenas de organismos civiles, partidos polticos,
la Dicesis de San Cristbal, sindicatos, maestros y otros muchos actores
al nivel estatal y nacional han demandado en las ltimas semanas la
desmilitarizacin de Chiapas. Esto ha ocurrido siempre y el gobierno
federal se niega. La resistencia indgena tiene un lmite y es la que se
pretende romper. Debemos detener todos esta guerra. Qu ms necesitamos?
Pero las demandas van ms all y se vuelven a repetir: juicio poltico al
gobernador interino Roberto Albores Guilln, cumplimiento de los acuerdos
de San Andrs, reinicio de las negociaciones del dilogo de paz y nueva
mediacin en el conflcito.

Estas demandas se levantaron con fuerza despus de la masacre de Acteal, en
diciembre de 1997. Si bien las demandas de juicio poltico al entonces
gobernador interino Julio Csar Ruiz Ferro termin con su renuncia y su
premio como funcionario pblico en el extranjero, la imposicin del nuevo
gobernador interino Roberto Albores Guilln trajo consigo una respuesta
federal y estatal a las demandas traducidas en ms campamentos militares,
operativos policiaco-militares contra municipios autnomos, ms presos, ms
desplazados, ms muertos, ms prusupuesto a la polica y ms efectivos, ms
hostigamiento a la CONAI hasta su dasaparicin, a los partidos polticos de
oposicin, ms rdenes de aprehensin a los lideres de las organizaciones
sociales, etc.

Cul ser la respuesta ahora? El gobernador interino advirti que no
renunciar. El linchamiento poltico se le ha revertido y la respuesta
puede ser ms peligrosa para la sociedad. Las aparentes contradicciones
entre la federacin y el estado de Chiapas, entre el presidente Zedillo y
Albores; un "coordinador para el dilogo" rebasado por la situacin actual,
sin credibilidad y sin capacidad de generar consensos que destraben la
crtica situacin de Chiapas; el Ejrcito federal que tiene que salir a la
opinin pblica a desmentir el rompimiento del cese al fuego, entre otros
indicadores, diera la impresin de ingobernabilidad, el vaco de poder y la
falta de conduccin poltica. Cada vez es ms claro que el que gobierna es
el Ejrcito federal en Chiapas, capaz de apostar cualquier costo poltico
con tal de asegurar posiciones militares en funcin de la
contrainsurgencia, situacin que pone al gobierno civil en la necesidad de
justificar dichas acciones por desarrollo. Del mismo modo, en los
municipios y los nuevos municipios alboristas, no se mover un dedo sin la
venia del Ejrcito federal.

El gobernador Albores ha cometido muchos errores para la federacin: volvi
a poner en la mesa nacional el tema de Chiapas, no cumpli con las
expectativas de apoyar la campaa de Francisco Labastida, no le funcion su
campaa contra Pablo Salazar Mendigucha; se ha echado encima a
intelectuales y artistas en su contra por querer expulsar a la actriz
Ofelia Medina, a los sindicatos, a los universitarios, a los partidos
polticos, a las organizaciones sociales, a la COCOPA; ha tenido que ser
desmentido por funcionarios federales por muchos de sus discursos y
pareciera que se queda solo; no llegan las inversiones deseadas, no le
funciona la campaa de deserciones zapatistas; por slo mencionar algunos
de ellos.

El llamdao de S.O.S. es para Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Mxico en general.
El proceso de la globalizacin lleva consigo un acelerado imcremento de la
pobreza, el peligro de la estabilidad poltica, la cohesin nacional y la
erosin de los tejidos en las organizciones sociales, como lo afirm el
mismo jefe de campaa del precandidato prista, Esteban Moctezuma, quien
fuera titular de la Secretara de Desarrollo Social (Sedeso), pese a que
sta dependencia afirm el 30 de agosto que el gasto de 413 mil 963
millones de pesos asignados en 1999 es el mayor de la historia, al tiempo
en que la Comision de Desarrollo Social de la Cmara de Diputados segura
que el monto es 8.9% del PIB, mientras en 1994 era del 9.1.



Gustavo Castro Soto

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